En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Vivir sin agua: el día a día en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Una gran cantidad de personas afectadas son ancianos que carecen de la energía necesaria para llevar el agua hasta sus residencias. “Estamos aquí en este frío desde temprano, sintiendo hambre. No contamos con agua ni siquiera para bañarnos”, comenta Erselinda Guilca, una pensionada notablemente fatigada. Las condiciones de espera, junto con la incertidumbre sobre la hora en que arribarán los camiones cisterna, han intensificado el descontento de la comunidad.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha implementado 71 camiones cisterna, cinco hidrantes móviles y varios sitios de distribución permanentes, aunque estos medios han sido insuficientes para satisfacer la demanda. La distribución inconsistente y la limitada capacidad logística han generado protestas en varios barrios. En Nueva Aurora, vecinos angustiados han recurrido a una fuente natural no tratada para obtener agua, enfrentándose a posibles riesgos de salud.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
La gestión de la emergencia ha revelado profundas fracturas entre el gobierno local y el nacional. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, insiste en que más de 500 personas trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio, desde el Gobierno central se ha cuestionado la falta de coordinación y transparencia en la respuesta municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Ruta hacia la mejoría
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
En simultáneo, equipos de emergencia de diversos cantones y provincias han iniciado a participar en las labores de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha gestionado el envío de un mayor número de tanqueros para asistir a los sectores más perjudicados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.
