mayo 24, 2024
José Quispe Zúñiga es escoltado por agentes de policía, tras su detención en Ayacucho, el pasado 13 de noviembre.Ministerio del Interior Perú

Nacieron y crecieron en campamentos terroristas. Fueron formados para tomar la posta de sus padres, puntales del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), y se les acusa de varios atentados y emboscadas, entre ellos la muerte de siete policías, en Cusco, en febrero pasado. En un operativo de inteligencia, donde no se disparó ninguna bala y nadie resultó herido, fue detenido en el Centro Poblado Mayapo, Ayacucho, José Quispe Zúñiga, de 24 años, alias Josediño, hijo de Víctor Quispe Palomino, camarada José, capo del crimen organizado quien a fines de los noventa se instaló en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la serranía peruana, con los residuos del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los otros capturados son Iván Quispe Vargas, de 23, hijo de Marco Antonio Quispe Palomino, camarada Gabriel, abatido en 2013. Y también Romeo Campos Mancilla, de 19, y Jheyson Andrés Ramos Andrade, de 24, ambos hijos de otros mandos. La Policía Nacional considera que el operativo Lobo II, como ha sido bautizado, es el “golpe más significativo de la década”, pues deja desarmado a Víctor Quispe Palomino al atrapar a su sucesor y a otros miembros, a quienes adoctrinó desde pequeños en el VRAEM. “Con la captura de estos cuatro terroristas, el camarada José está más solo que nunca. Su caída está cerca”, ha declarado el coronel Max Anhuamán, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), una unidad especializada de la Policía.

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Jaime Antezana Rivera, especialista en temas de narcotráfico, tiene una lectura distinta sobre por qué la detención fue pacífica a pesar de tratarse de cuatro hombres armados que se hubiesen dejado la vida evitando caer en manos de las autoridades. “Para que se produzca esta cuádruple captura sin enfrentamiento es porque ha habido la predisposición para que se produzca. En otras palabras, han tenido predisposición de salir del narcogrupo armado que dirige José. Eso significa que, como ha ocurrido otras veces, hay muchos jóvenes que querrán huir de la zona de Vizcatán del Ene (en la región Junín). La deserción ha sido una de las razones del desmoronamiento de esta organización”, explica. Según estimaciones, el grupo armado pasó de tener 450 miembros en sus filas en 1999 a contar con 160 en 2020.

Más allá del análisis de Antezana, dos son las teorías que han trascendido sobre la misión: la primera, que los cabecillas fueron detenidos mientras realizaban un reglaje contra dos comisarías en Huanta, Ayacucho, mientras que la segunda señala que fueron engañados por la Policía y las Fuerzas Armadas al ser contactados para participar de una actividad social.

“Es cuestión de ofrecer un puente de salida a los demás jóvenes que siguen en Vizcatán del Ene”, propone Antezana Rivera, quien insiste en que este grupo es un brazo armado del narcotráfico y no un problema ideológico. “Mientras el narcogrupo de José se desmorona, el narcotráfico se encuentra en su máximo esplendor: 35.000 hectáreas de coca y 400 toneladas de cocaína”, indica el especialista, con cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo adscrito al Estado.

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Al presentar a los cuatro cabecillas, en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el ministro del Interior, Vicente Romero, destacó el papel de la presidenta Dina Boluarte en la misión. “La señora presidenta ha declarado un combate agresivo puntual contra los terroristas y contra la delincuencia del crimen organizado (…) Esta operación ha sido sumamente exitosa. En términos operativos ha sido un duro golpe para Sendero Luminoso (…) Estas columnas, aunque permanecen en el VRAEM, lo único que saben es sentar dolor, miseria y hambre”, ha resaltado Romero, horas antes de su destitución.

Romero se convirtió este miércoles en el primer ministro censurado en el régimen de Dina Boluarte al no recibir el respaldo del Congreso que tras varias horas de debate le bajó el pulgar debido a su manejo poco eficiente frente a la inseguridad ciudadana. La iniciativa de censura obtuvo 75 votos a favor, 25 en contra y hubo 13 abstenciones. Conforme a la ley, la presidenta Boluarte deberá aceptar su salida en un plazo máximo de 72 horas.

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